En
desarrollo del boom noticioso que actualmente vive Colombia, haciendo
referencia a la muerte de aquellos militares en el Cauca donde se establece de
facto que la culpa es en casi su mayoría atribuible al Presidente y con él a la
política dirigida al proceso de paz, me permito hacer esta columna, con el
animo probablemente de que la misma se convierta en parte de ese boom (el cual
he criticado muchas veces en medio de mi carrera como estudiante de
Jurisprudencia), y por un momento la población colombiana olvide el grueso de
los problemas actuales (algo muy propio de nuestro periodismo colombiano).
En
medio de tan atroz acto de violencia cometido hacia los militares en el Cauca,
la gente ha criticado el proceso de paz, arguyendo que sujetos como las FARC no
merecen que actualmente se lleve un proceso que establezca relaciones de
dialogo, en las cuales se les concedan a dichos sujetos ciertas garantías en
aras de que los mismos abandonen las armas, se integren a la sociedad y se
acabe con la guerra o conflicto armado que por tantos años ha aquejado al país.
Adicionalmente,
las personas se permiten decir que el proceso de paz es una farsa en toda su
esencia, y que cómo puede establecerse paz con personas que cometen actos
delictivos diariamente, así mismo, son tajantes en afirmar que la culpa de las
muertes de dichos militares se debe a la política que implementa el actual
Presidente Juan Manuel Santos. Y no siendo suficiente, las personas deciden
hacer el paralelo de 1) cuál vida
vale más o 2) cuáles actos se consideran mas atroces o en su defecto, más
justificables, 3) o a quiénes son atribuibles los crimines mas atroces que hasta
el momento se han cometido en Colombia contra la población civil, si la de los grupos
insurgentes o la de los militares.
Y
es en este punto, saturada de estados y mensajes en Facebook y Twitter, que
me permití intervenir en la noticia del día de hoy, a dar mi opinión acerca de
esos interrogantes que las personas se plantean y acerca de las criticas
directas al proceso de paz; sin antes dejar claro que mis comentarios no van
dirigidos al apoyo de un presidente de turno o no, o a las políticas que se
implemente, sino a algo mucho más importante que en últimas debería interesar a
todos los ciudadanos, y es el Estado, la Nación Colombiana.
Y
primero, quisiera generar el interrogante en cada uno de los lectores ¿cuándo
Colombia se convirtió en un país utilitarista? ¿cuándo se nos permitió entablar
juicios de muerte de forma deliberada? ¿cuándo el sentido de humanidad se perdió
en medio de políticas tendientes a incrementar el porcentaje de ingresos
destinados a la guerra y a la muerte de guerrilleros, y de forma general a
sujetos al margen de la ley?
Me
permito ser yo, la que en este escrito, le recuerde a las personas que los
guerrilleros siguen siendo seres humanos, me permito decirles a aquellas
personas que preguntan con un odio desmesurado en sus corazones cuál vida vale
más, que todas las vidas de todas las personas sobre la faz de la tierra tienen
el mismo valor, y me permito responder esto no sólo por mis convicciones
religiosas, sino por mis convicciones políticas, el Estado es, parafraseando a
ilustres como Jean Jacques Rousseau, un conglomerado de personas, una entidad
creada por voluntad de los sujetos, de ceder el poder y su libertad de decisión
a un órgano más grande que todos nosotros, y que vele por los intereses de cada
uno de sus asociados.
Para
desdicha de muchos, los grupos al margen de la ley son parte de ese
conglomerado o lo fueron en algún momento, y no pretendo extenderme en la
discusión de la perdida de los derechos políticos o de la situación de
irregularidad en la que viven dichas personas o de aquellas situaciones en que
se pierde la nacionalidad, me permito afirmar que son parte del Estado, que son
personas que interesan al Estado como ese ente supremo, no sólo por ser ellos
parte del mismo, sino porque las acciones de los mismos afectan a todos los
demás.
Y
al ser el Estado ese órgano encargado de velar por el bienestar de todos, de
ser ese órgano que funge en el marco de la justicia y el derecho, responderé el
segundo y tercer interrogante que las personas han expresado a través de las redes
sociales. Son más atroces y menos justificables los actos criminales cometidos
por los militares a la población civil. Las personas no pueden olvidar que el
Estado jamás puede ser comparado con un grupo al margen de la ley, que el
Estado jamás podrá rebajarse al nivel de esos grupos o justificar hechos
atroces con base en el desarrollo de un conflicto, y con esto no sólo me
refiero a las diversas normas que en materia internacional hay al respecto,
sino me refiero al caso hipotético (y no tan hipotético) en que el Estado
decide actuar de la misma forma y con las mismas armas que lo hacen estos
grupos irregulares, a través de personas como los militares, éstos últimos
representantes del Estado, institución militar creada con el objetivo de
proteger a la población colombiana, de garantizar la seguridad nacional y de
atacar, sólo cuando fuese necesario, a aquellos grupos que afecten o atenten
contra la seguridad de la nación y sus habitantes. Por eso, digo con total
certeza que no se puede comparar los actos delictivos cometidos por los grupos
insurgentes como son las FARC hacia la población civil con los actos delictivos
que comenten los militares contra la misma población civil; ya que grupos como
las FARC son personas que viven en un marco de ilegalidad, que aunque no
justifica sus acciones, podría decirse son de aquellas personas de quienes se
espera llegar un acto atroz, los militares en tanto agentes del Estado no
pueden jamás justificar sus ataques contra la población civil (olvidando
los temas de ventaja militar y ataques que se dan en medio de un conflicto) en
aras de usar las mismas armas que los grupos irregulares.
En
ese instante en que el Estado decide actuar como un criminal más, fuera de todo
margen de derecho, que considero que se pierde la misma esencia del Estado, ya
no es una entidad creada para el bienestar de sus asociados sino que se
convierte en una maquina de poder o el juguete de algunos para decidir sobre la
situación de todo un país, porque cuando eso sucede, cuando el Estado deja de
actuar conforme a derecho ¿qué nos queda?
Por
ello, a quienes exclaman a gritos las cifras innumerables de guerrilleros
muertos que se expresaban en mandatos presidenciales anteriores, los llamo a
dos reflexiones importantes: 1) la muerte y la guerra no son ni han sido nunca
la solución cuando se presentan conflictos armados, y en especial uno de tan
larga data como el colombiano, 2) que no se les olvide que en muchas de esas
cifras presentadas estaban personas de la población civil, mejor identificados
como los falsos positivos; personas matadas y masacradas por militares para ser
pasadas como guerrilleros, en el afán incansable de mostrar cifras de los
resultados que políticas como la de seguridad nacional alcanzaban (los sujetos como
instrumento para un fin)
Por
último, reflexiono sobre las criticas directas al proceso de paz, que en
últimas es eso, un proceso, una transición, un lugar de debate en donde deben
haber sacrificios por parte del Estado y por parte de los grupos armados, sin
referirme particularmente a la muerte de personas, y sin justificar los actos
cometidos por las FARC contra los militares muertos en el Cauca; pero si quiero
enfatizar en que por situaciones como estas, por acontecimientos como estos no
puede deslegitimarse un proceso de paz, que no es una política del presidente
de turno, es una política de la nación, es algo que nos interesa a todos, y que
en últimas los presidentes con sus políticas solo terminan siendo instrumentos
para la consecución de un fin, la paz.
Nancy Alejandra Vera Guzmán
Bogotá, 17 de Abril, 2015
Centro de Estudios Integrales en Derecho
