Y ¿Qué nos queda?

En desarrollo del boom noticioso que actualmente vive Colombia, haciendo referencia a la muerte de aquellos militares en el Cauca donde se establece de facto que la culpa es en casi su mayoría atribuible al Presidente y con él a la política dirigida al proceso de paz, me permito hacer esta columna, con el animo probablemente de que la misma se convierta en parte de ese boom (el cual he criticado muchas veces en medio de mi carrera como estudiante de Jurisprudencia), y por un momento la población colombiana olvide el grueso de los problemas actuales (algo muy propio de nuestro periodismo colombiano).

En medio de tan atroz acto de violencia cometido hacia los militares en el Cauca, la gente ha criticado el proceso de paz, arguyendo que sujetos como las FARC no merecen que actualmente se lleve un proceso que establezca relaciones de dialogo, en las cuales se les concedan a dichos sujetos ciertas garantías en aras de que los mismos abandonen las armas, se integren a la sociedad y se acabe con la guerra o conflicto armado que por tantos años ha aquejado al país.

Adicionalmente, las personas se permiten decir que el proceso de paz es una farsa en toda su esencia, y que cómo puede establecerse paz con personas que cometen actos delictivos diariamente, así mismo, son tajantes en afirmar que la culpa de las muertes de dichos militares se debe a la política que implementa el actual Presidente Juan Manuel Santos. Y no siendo suficiente, las personas deciden hacer el paralelo de  1) cuál vida vale más o 2) cuáles actos se consideran mas atroces o en su defecto, más justificables, 3) o a quiénes son atribuibles los crimines mas atroces que hasta el momento se han cometido en Colombia contra la población civil, si la de los grupos insurgentes o la de los militares.

Y es en este punto, saturada de estados y mensajes en Facebook y Twitter, que me permití intervenir en la noticia del día de hoy, a dar mi opinión acerca de esos interrogantes que las personas se plantean y acerca de las criticas directas al proceso de paz; sin antes dejar claro que mis comentarios no van dirigidos al apoyo de un presidente de turno o no, o a las políticas que se implemente, sino a algo mucho más importante que en últimas debería interesar a todos los ciudadanos, y es el Estado, la Nación Colombiana.

Y primero, quisiera generar el interrogante en cada uno de los lectores ¿cuándo Colombia se convirtió en un país utilitarista? ¿cuándo se nos permitió entablar juicios de muerte de forma deliberada? ¿cuándo el sentido de humanidad se perdió en medio de políticas tendientes a incrementar el porcentaje de ingresos destinados a la guerra y a la muerte de guerrilleros, y de forma general a sujetos al margen de la ley?

Me permito ser yo, la que en este escrito, le recuerde a las personas que los guerrilleros siguen siendo seres humanos, me permito decirles a aquellas personas que preguntan con un odio desmesurado en sus corazones cuál vida vale más, que todas las vidas de todas las personas sobre la faz de la tierra tienen el mismo valor, y me permito responder esto no sólo por mis convicciones religiosas, sino por mis convicciones políticas, el Estado es, parafraseando a ilustres como Jean Jacques Rousseau, un conglomerado de personas, una entidad creada por voluntad de los sujetos, de ceder el poder y su libertad de decisión a un órgano más grande que todos nosotros, y que vele por los intereses de cada uno de sus asociados.

Para desdicha de muchos, los grupos al margen de la ley son parte de ese conglomerado o lo fueron en algún momento, y no pretendo extenderme en la discusión de la perdida de los derechos políticos o de la situación de irregularidad en la que viven dichas personas o de aquellas situaciones en que se pierde la nacionalidad, me permito afirmar que son parte del Estado, que son personas que interesan al Estado como ese ente supremo, no sólo por ser ellos parte del mismo, sino porque las acciones de los mismos afectan a todos los demás.

Y al ser el Estado ese órgano encargado de velar por el bienestar de todos, de ser ese órgano que funge en el marco de la justicia y el derecho, responderé el segundo y tercer interrogante que las personas han expresado a través de las redes sociales. Son más atroces y menos justificables los actos criminales cometidos por los militares a la población civil. Las personas no pueden olvidar que el Estado jamás puede ser comparado con un grupo al margen de la ley, que el Estado jamás podrá rebajarse al nivel de esos grupos o justificar hechos atroces con base en el desarrollo de un conflicto, y con esto no sólo me refiero a las diversas normas que en materia internacional hay al respecto, sino me refiero al caso hipotético (y no tan hipotético) en que el Estado decide actuar de la misma forma y con las mismas armas que lo hacen estos grupos irregulares, a través de personas como los militares, éstos últimos representantes del Estado, institución militar creada con el objetivo de proteger a la población colombiana, de garantizar la seguridad nacional y de atacar, sólo cuando fuese necesario, a aquellos grupos que afecten o atenten contra la seguridad de la nación y sus habitantes. Por eso, digo con total certeza que no se puede comparar los actos delictivos cometidos por los grupos insurgentes como son las FARC hacia la población civil con los actos delictivos que comenten los militares contra la misma población civil; ya que grupos como las FARC son personas que viven en un marco de ilegalidad, que aunque no justifica sus acciones, podría decirse son de aquellas personas de quienes se espera llegar un acto atroz, los militares en tanto agentes del Estado no pueden jamás justificar sus ataques contra la población civil (olvidando los temas de ventaja militar y ataques que se dan en medio de un conflicto) en aras de usar las mismas armas que los grupos irregulares.

En ese instante en que el Estado decide actuar como un criminal más, fuera de todo margen de derecho, que considero que se pierde la misma esencia del Estado, ya no es una entidad creada para el bienestar de sus asociados sino que se convierte en una maquina de poder o el juguete de algunos para decidir sobre la situación de todo un país, porque cuando eso sucede, cuando el Estado deja de actuar conforme a derecho ¿qué nos queda?

Por ello, a quienes exclaman a gritos las cifras innumerables de guerrilleros muertos que se expresaban en mandatos presidenciales anteriores, los llamo a dos reflexiones importantes: 1) la muerte y la guerra no son ni han sido nunca la solución cuando se presentan conflictos armados, y en especial uno de tan larga data como el colombiano, 2) que no se les olvide que en muchas de esas cifras presentadas estaban personas de la población civil, mejor identificados como los falsos positivos; personas matadas y masacradas por militares para ser pasadas como guerrilleros, en el afán incansable de mostrar cifras de los resultados que políticas como la de seguridad nacional alcanzaban (los sujetos como instrumento para un fin)

Por último, reflexiono sobre las criticas directas al proceso de paz, que en últimas es eso, un proceso, una transición, un lugar de debate en donde deben haber sacrificios por parte del Estado y por parte de los grupos armados, sin referirme particularmente a la muerte de personas, y sin justificar los actos cometidos por las FARC contra los militares muertos en el Cauca; pero si quiero enfatizar en que por situaciones como estas, por acontecimientos como estos no puede deslegitimarse un proceso de paz, que no es una política del presidente de turno, es una política de la nación, es algo que nos interesa a todos, y que en últimas los presidentes con sus políticas solo terminan siendo instrumentos para la consecución de un fin, la paz.

Nancy Alejandra Vera Guzmán

Bogotá, 17 de Abril, 2015

Centro de Estudios Integrales en Derecho