La última silla

El proyecto de equilibrio de poderes que cursa su quinto debate en el Congreso por estos días, propone la asignación de una curul para quien quede de segundas en las votaciones presidenciales, esto parece un esfuerzo interesante para la consolidación de la oposición.

El valor que ha ganado la oposición en Colombia en los últimos años es evidente. El opositor pasó, en pocos años, de ser una categoría inexistente a ser protagonista de la vida nacional.

Sin embargo, la fragilidad de su figura aún es latente: sin estatuto de la oposición y con un sistema híper-presidencialista -que carga de facultades al presidente- fácilmente la oposición puede ser opacada.

Nuestra historia conformó un sistema político que obstaculiza el ejercicio de la oposición.  La herencia que recibimos del Frente Nacional fue la de una sociedad políticamente cerrada, en la que no se podía ascender -o descender- en el panorama electoral si no se hacía parte de los partidos históricos.

Los efectos devastadores del acuerdo bipartidista ya los conocemos: el fortalecimiento de las burocracias internas, el reparto de la maquinaria administrativa del Estado como si fuera propiedad privada, el declive de las ideologías políticas y la imposibilidad de nuevas fuerzas para acceder a la composición del poder -que es una de las causas históricas del conflicto social-, además de la persecución y exterminio al que fueron sometidos sectores de la oposición.  (para mas información ver el informe ¡Basta ya! del Centro de Memoria Histórica aquí) 

Pero, definitivamente ni los individuos ni las sociedades están condenados a amoldarse a sus desgracias. Como todo lo que los humanos hemos creado, el diseño institucional no es un modelo invariable e intocable, sino que como artesanías, las democracias, si quieren crecer,  deben irse moldeando, lijando, y perfeccionando  para dar respuesta a las necesidades de la época.

Con la Constitución del 91 se rompió parcialmente con este modelo de participación política cerrado, sin embargo, no fue suficiente para la consolidación de la democracia, y en especial para el fortalecimiento de la oposición. Existen barreras de origen constitucional que enfrenta el sector político que quiere hacer oposición en Colombia. Pensemos en dos ejemplos:

El primero, tiene que ver con la práctica electoral, tal como está reglada en nuestra constitución, y es que la circunscripción nacional para elegir al Senado, permite que un candidato pueda hacer campaña en todo el territorio nacional, lo que incrementa los costos en tal grado que solo llegan al Senado dos tipos de competidores:  quienes tienen un alto reconocimiento popular –el voto de opinión-,  y quienes llegan, o bien porque comprometen su independencia política con algún sector económico –legal o ilegal-, o bien porque tienen la maquinaria burocrática para lograrlo. Y me atrevería a asegurar que son más los del segundo tipo que los del primero.

El segundo es de origen normativo, donde existe un déficit de protección, pues si bien la constitución protege el derecho a ejercer la oposición con una serie de garantías tales como la democratización de los medios de comunicación públicos y la participación en los órganos electorales, estas garantías no se han hecho efectivas.

Por ser un derecho fundamental, la carta política ordena que se reglamente mediante una ley estatutaria, que no ha podido ser acordada, unas veces por falta de interés del gobierno, y otras porque sectores dogmáticos de la oposición no han sido capaces de sentarse a la mesa a dialogar. A pesar de esto el Ministro del Interior insistió nuevamente en la necesidad de concertarlo. (Ver el Ministro del Interior se compromete a promover estatuto de la oposición aquí) 

En medio de este panorama, llama la atención la propuesta del gobierno en el proyecto de equilibrio de poderes, de asignar una curul en el senado al segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales.

Esto no se puede ver como un premio de consolación. Tampoco puede pensarse en términos personales, acerca de quien o quienes hubieran podido ocupar esta curul en las elecciones anteriores, sino  que debe ser analizado en términos institucionales, en el beneficio que puede aportar a la democracia.

En realidad representa el  reconocimiento al voto y  al derecho a acceder a la conformación del  poder de los ciudadanos que no se identifican con las propuestas del candidato vencedor, y que se manifestaron con cierta vocación de alcanzar la presidencia, que si bien no se concretó, tampoco sus votos se van a la caneca.

El beneficio para la democracia residiría en el fortalecimiento de la oposición a través de la conservación de al menos una de las voces disidentes más relevante, que no quedaría eliminada de plano, sino que recibiría la última silla en el Senado, y digo la última no por ser la menos importante, contrario a esto, sería una sobre las cuales recaería mayor expectativa, pues se esperaría un control político contundente hacia  el presidente.

La coherencia programática e ideológica sería puesta a prueba, ¿luego de las elecciones persisten las diferentes visiones discutidas en la campaña, o por el contrario, sólo se velaba detrás del discurso la conquista del poder por el poder?

Por supuesto, el respeto y la garantía de la oposición no se agota ahí, pues esta disposición sólo favorece a un grupo con un caudal electoral más o menos grande, pero no a los partidos pequeños que no hacen parte de las mayorías parlamentarias.

No escapa a la crítica la figura propuesta. Dos objeciones pueden saltar a la vista: Por un lado puede surgir una crítica de orden teórico, pues es problemático que el voto de unos ciudadanos en la práctica puedan elegir dos veces senador, mientras que los partidarios de otras expresiones políticas minoritarias no contarían con este privilegio, esto desequilibraría el poder entre las mismas facciones de oposición, y  pondría en juego el principio de soberanía popular, que coloca en cabeza de cada ciudadano la misma cuota de poder.

Por otro lado, teniendo en cuenta la historia electoral reciente, se puede decir que quienes han disputado la presidencia y han quedado en segundo lugar, en últimas son representantes del mismo sector político que tradicionalmente ha conservado el poder, y que solo se diferencia en aspectos de forma y no de fondo, luego la disposición que comentamos sólo redundaría en el fortalecimiento de quienes han detentado el poder y no de quienes luchan por arrebatárselo.

Ambas son objeciones relevantes que merecen ser analizadas con detenimiento; sin embargo, para la consolidación de la paz, el aceptar que existen visiones políticas diferentes, reconociéndose mayor participación en el congreso es un avance considerable, teniendo en cuenta nuestra historia donde se ha preferido la eliminación de las diferencias en lugar de la coexistencia y el acuerdo. 

Jannluck Canosa Cantor

12 de Abril de 2015

Centro de Estudios Integrales en Derecho

@JannCanosa