Para nadie es
un secreto que la baja en los precios del petróleo ha afectado de manera si se
quiere significativa a las grandes empresas productoras de Petróleo, y también
a los grandes países productores de petróleo, pues sus presupuestos nacionales
se nutren, en su mayoría, de la exportación de este hidrocarburo.
Por otra parte,
muchos pensarían que Colombia, al no ser un gran país productor de petróleo, en
poco o nada, se ve perjudicado por estos cambios drásticos en el valor de este
producto. Y no hay nada más falso, Colombia se ve afectada no sólo por estar
inmersa en el sistema capitalista de mercado, sino también por las alzas en el
precio del dólar[1], por las bajas en las
regalías que recibe la nación[2] (gran
parte proveniente de los hidrocarburos), por los recortes de personal e
infraestructura que hacen las pocas empresas que extraen petróleo de nuestro
país, y por la escasa e ineficiente regulación que existe en Colombia respecto
al tema energético y de hidrocarburos.
Se puede decir
que Colombia no ha sido un país que se caracterice por ser pionero en
desarrollar marcos normativos acerca de algún tema, ni tampoco por ser de los
países que prevé cambios económicos, políticos y sociales que puedan llegar a
afectar la regulación y volverla inane; pero de esas circunstancias, que sin
duda son penosas, a no desarrollar ninguna regulación[3] desde
Julio de 2014 (época en que se empieza a visualizar las bajas en el precio del
petróleo) hasta la fecha, es una situación que da pesar y vergüenza.
El gobierno
colombiano ha tratado como ha podido, estos últimos años, de sobrevivir a los
cambios económicos que se han producido, se puede decir que ha aguantado, y
para muchos puede ser muy meritorio que Colombia haya podido tomar escasas
medidas y evitar que el sistema económico sufra “grandes cambios”.
Pero no, NO ES
SUFICIENTE. En materia energética y de hidrocarburos nuestro país siempre ha
tenido una legislación modesta, regular lo necesario. Es así como, la regulación
de la propiedad sobre el subsuelo, minas, metales, etc., fue una codicia del
Gobierno más que una necesidad o una visualización de buen uso de recursos. Los
desarrollos legislativos de contratos de concesión, arrendamiento, permisos
mineros, asociación, entre otros., han sido necesidades impuestas por la
economía y el tiempo; y aún más importante, no se puede olvidar que el último
código minero de Colombia data del año 2001, reformado por la ley 1382 de 2010.
¿Y ahora?
Después de chapalear y chapalear, dando pequeños saltos en la regulación ¿qué
sigue? Las primeras luces se dieron en el año 2014, con la reforma tributaria,
que era necesaria sin duda, pero que generó rebotes en todo el mundo por las
enormes cargas tributarias; algunas otras medidas se han anunciado en los
últimos meses, todas tendientes a lograr subir el valor de los impuestos
actuales e introducir otros nuevos, siendo esta situación la regulada en la
reforma estructural que empieza a tramitarse. Y a pesar de las inconformidades
que se puedan generar, es importante recordar que esas son las medidas
meritorias del Gobierno para no dejar hundir este barco.
Colombia tiene
un desfase[4] de $ 5,43
billones en el presupuesto del sistema general de regalías para este año, según
cifras de la Contraloría General de la Nación; y gracias a Dios no es más. Además de ello, la quinta parte de los
ingresos fiscales de la Nación provienen de este sector de hidrocarburos, sin
mencionar las inversiones extranjeras que se hacen en la industria petrolera.
Bajo esta
panorámica, no es muy alentadora la situación de que afronta el país, sobre todo
si tenemos en cuenta que muchos tributos de los que están hoy en día son
transitorios (algunos a nivel nacional otros a nivel departamental), es decir,
sólo funcionarán por un margen de tiempo (al menos si no los prorrogan o
vuelven permanentes).
En este punto,
con todos los temerosos avances que se han hecho para regular la baja del
petróleo y en general la difícil situación económica que afronta y afrontará en
mayor medida Colombia en unos años, creo que es menester que se desarrolle una
regulación completa y suficiente. Si bien es cierto que, este sector y estas
circunstancias económicas asociadas al mismo no son el único factor que
desestabilizan la economía colombiana, si se puede asegurar que es un sector
que genera grandes impactos en la misma y que ha sido sumamente mal regulado.
Por ello, abogo
por una legislación que atienda a las contingencias del hoy por hoy, pero que
no olvide prever las posibles dificultades de este sector tan cambiante, como
es el energético y de hidrocarburos.
NANCY
ALEJANDRA VERA GUZMÁN
Miembro
del Centro de Estudios Integrales en Derecho –CEID-
@nancyalejandrav
[1] No es objeto
de este escrito explicar las razones económicas por las cuales sube el dólar,
pero para hacer un marco breve se puede decir que el
dólar es un factor inversamente proporcional al petróleo, esto quiere decirque
cuando uno sube el otro baja y viceversa. Esto se explica entre otra razones,
porque gran cantidad de moneda dólar empieza a circular en el mercado por las
inversiones que se realizan, y por las exportaciones que realiza un país
determinado, en este caso Colombia.
[3] En este
punto, me refiero a un marco normativo completo y suficiente que atienda a las
necesidades de regulación energética y de hidrocarburos que necesita Colombia,
no ha regulaciones pasajeras y reformas tributarias.
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