A
propósito de la discusión alrededor de la aspersión de glifosato en los
cultivos ilícitos del país, observo que a pasos de gigante avanza un nuevo
paradigma en el mundo, que hace diez años habría sido censurado sin piedad.
Cada vez más veloces, dichos pasos esbozan la gran revolución que se adelanta en el seno del régimen internacional
de lucha contra las drogas.
No es
una sacrílega revolución liderada por Juan Manuel Santos -como piensa el
Procurador General de la Nación-, sino una iniciativa regional al interior de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD). Dicha iniciativa nace por virtud de los
múltiples informes y estudios realizados por expertos de todo el mundo que
muestran sin dubitación el ostensible fracaso del clásico régimen internacional
de lucha contra las drogas, fracaso que ha dado pie a que diversos Estados
opten por tímidas alternativas, como la despenalización del consumo o el uso
lícito de ciertas sustancias para tratamientos médicos.
Dicho
régimen, que en esencia está basado en el principio prohibicionista y que se
materializa mediante la penalización de diversas conductas –entre las que se
encuentra el consumo personal- no logró
después de décadas de inversión de recursos de todo tipo, acabar con los
grandes problemas sociales que la droga ha generado, como el narcotráfico, la
violencia de los carteles y las graves afecciones a la salud de los
consumidores. En contra partida, atiborró las cárceles de consumidores y
pequeños traficantes -entre otros delitos relacionados con estupefacientes- que
en Colombia, ascienden al 20,3% de la población carcelaria del país y cuyos
costos económicos para el Estado son exorbitantes.
Esta
revolución que a pasos de gigante avanza en el continente –y en el mundo- y que
permea a Colombia, tiene como característica principal el abandono del
principio prohibicionista. Así mismo, se caracteriza por invertir el target de la lucha estatal y regional:
el énfasis deja de estar en atacar la oferta de drogas (guerra contra los
carteles, erradicación de los cultivos), sino que centra sus esfuerzos en la
demanda de drogas. Esa es la consecuencia más importante de reconocer la problemática
de drogas como un problema de salubridad pública y no solamente un problema de
delincuencia y penalización efectiva.
En
opinión de este columnista el problema más serio alrededor de la producción,
tráfico y consumo de drogas que enfrentan las organizaciones internacionales y
los Estados es la existencia de redes transnacionales de crimen organizado y
las operaciones ilícitas que ejecutan. Esta industria multimillonaria genera no
solo unos beneficios económicos para dichas
redes, sino que paralelamente produce otros problemas como violencia,
tráfico de armas y personas, lavado de activos, corrupción y terrorismo. Sin embargo, este problema tampoco puede ser
resuelto apelando a los instrumentos clásicos que ofrece el régimen
internacional de lucha contra las drogas que hoy se encuentra vigente. La
prueba determinante de dicha afirmación es la situación actual de los países de
la región, como Colombia, México o Brasil.
Alternativas
a la penalización de las conductas y especialmente a la privación de la
libertad de las personas, la dirección de recursos para planes de salubridad
pública y control del abuso de drogas, la creación de mecanismos multilaterales
de colaboración para la lucha contra el lavado de activos, la institución de
mercados legales y regulados estatalmente para el comercio de drogas, son
ejemplos de las propuestas que al interior de la CICAD se han ofrecido para
enfrentar la lucha contra las drogas en el continente.
Las
propuestas mencionadas son la muestra del avance de una revolución paradigmática en el régimen
internacional de lucha contra las drogas, que pone al prohibicionismo y la
penalización al menos en un segundo plano. Este nuevo paradigma, que asienta la
problemática principalmente en la demanda y no en la oferta, permea con rapidez
los debates nacionales e internacionales
sobre las políticas de lucha contra las drogas y ofrece los insumos necesarios
para salir de la utópica pretensión de un mundo sin drogas, a través del
planteamiento de alternativas que permitan a los Estados beneficiarse de su
existencia.
Jaime
Andrés Nieto
Centro
de Estudios Integrales en Derecho.
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