Dicha norma de carácter estatutario, por un lado, brinda en
términos generales la regulación aplicable a la procedencia y
ejercicio del derecho de petición, y por el otro, sustituye los
artículos 13 a 33 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Ahora, es necesario destacar que la Ley 1755 cumple esos
propósitos, porque aunque el referido código ya había surtido la
regulación al respecto, dichas disposiciones normativas habían sido declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia numero C-818/11[1],
argumentando que la materia regulada gozaba de reserva de ley estatutaria.
La anterior idea parte de una premisa supuestamente
clarísima: “el derecho de petición, es un
derecho fundamental”. El presente artículo, tiene la intención de invitarle
a reflexionar sobre la veracidad de dicha afirmación, analizando someramente
algunos aspectos de nuestra realidad práctica.
Primero, hemos de recordar que el artículo 23 de nuestra
Constitución Política, establece expresamente el derecho fundamental de
petición en los siguientes términos: “Toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales”.
Cabe decir adicionalmente, que el mencionado texto
constitucional, se encuentra ubicado en el Capítulo primero del Título segundo
de nuestra Carta Magna, denominado “de
los derechos fundamentales” y que enuncia entre otras cosas, que: “el derecho a la vida es inviolable; que nadie será sometido a desaparición forzada,
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; que todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley; o que se prohíben la
esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”.
Por
encontrarse el derecho de petición, elevado expresamente en dicho rango
normativo (derecho fundamental), junto con derechos tales como la vida o la
igualdad, posee una protección reforzada por parte del Estado, el cual brinda
al ciudadano herramientas tales como la acción de tutela, para hacer efectivo
su cumplimiento.
No
obstante, a la hora de analizar la realidad surgen algunos problemas, pues
aunque existe una enunciación taxativa de índole constitucional, diferentes
pronunciamientos judiciales, y normas legales y reglamentarias que reconocen
que el derecho de petición es un derecho fundamental; la
ciudadanía en general, muchas veces ignora este hecho, desestimando el
verdadero peso que tiene el derecho de petición en nuestro ordenamiento
jurídico.
Basta
para comprobar lo anterior, preguntar a un ciudadano del común si sabe que el
derecho de petición es fundamental, tal y como lo son la vida, la honra, la
igualdad, etc., y qué implicaciones esto conlleva, no siendo raro obtener un
“no” como respuesta, lo cual sería prueba fehaciente de que en nuestra realidad
cotidiana “para la gente, el
derecho de petición, pareciera no ser un derecho fundamental”.
Sin
embargo, hay un problema más grave aún, ya no solamente presente en las ropas
del pueblo, sino en las barbas del Estado y que de forma coloquial se podría
enunciar así: “para los órganos
estatales y su aparataje en general, el derecho de petición, pareciera no
ser un derecho fundamental”.
Dicha
afirmación tiene el siguiente sustento, durante 2013 se presentaron 454.500
tutelas, de las cuales, en el 48,1% de los casos se invocaba la protección del
derecho de petición[2], lo que indica que
aproximadamente la mitad de las tutelas que se interponen ante los despachos
judiciales, tienen su origen en la vulneración del mismo por
parte de los órganos estatales, encargados precisamente de proteger los
derechos fundamentales.
Surge
entonces una pregunta obligada: si pareciera
que el ciudadano de a pie, y aun también el cumulo de órganos estatales
establecidos para protegerlo, ignoran que el derecho de petición se enuncia
constitucionalmente como fundamental, ¿tiene en realidad dicha calidad? No
se deje engañar apreciado lector, que en la cotidianidad la gente ignore los
enunciados de la Constitución, o que el Estado muchas veces funcione a medias,
no hace que el derecho de petición, su derecho de petición, deje de ser
fundamental.
Por
lo tanto, le hago esta invitación: exija y enseñe a otros que ¡gratuitamente y sin necesidad de abogado,
toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, solicitando entre otras cosas: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias
y reclamos e interponer recursos; y también a obtener una repuesta pronta,
completa y de fondo sobre su solicitud!
Juan
Manuel Martínez Ramírez
Centro de Estudios Integrales en Derecho
Centro de Estudios Integrales en Derecho
Twitter: @jua_ma2015
[1] Magistrado Ponente: JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB.
[2] Cifras oficiales extraídas de
la Defensoría del Pueblo. Disponible en línea: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/2254/ de Octubre 4 de 2014. Para más información consultar publicación
institucional 'La tutela y los derechos
a la salud y la seguridad social 2013'.
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